Unos 900 detenidos que hoy están en comisarías de La Plata serán trasladados en las próximas semanas a contenedores adaptados para el alojamiento de presos, con el objetivo de descomprimir los destacamentos policiales, en el marco de la grave crisis penitenciaria que atraviesa la Provincia.
La medida había sido anunciada días atrás por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y fue confirmada oficialmente a diario EL DÍA por voceros de esa cartera. “Ya lo estamos haciendo. Hay una superpoblación carcelaria y más allá de las condiciones infrahumanas, tenemos que poner a la Policía a custodiar la calle y no a los presos”, dijo Berni. Según cifras del Gobierno, hay unas 4.300 personas en comisarías bonaerenses, donde la capacidad de alojamiento no supera las 1.700 plazas.
El plan, que genera cuestionamientos de organismos de derechos humanos, comenzará a aplicarse dentro de 15 días en el distrito de La Matanza, uno de los más críticos en términos de superpoblación de detenidos en comisarías. Según se detalló, 384 presos que están en destacamentos policiales de la localidad matancera de González Catán serán trasladados a un predio de containers. Luego, seguirán por La Plata, donde el proyecto contempla retirar a unas 900 personas que están alojadas en comisarías a “contenedores calabozos”. Hasta hoy no había precisiones sobre cuántas unidades de esas características serán habilitadas ni dónde se emplazarán.
La idea no es nueva. En la provincia de Buenos Aires, de hecho, se viene hablando de la posibilidad de habilitar contenedores para presos desde la época Carlos Ruckauf. Durante la gestión de María Eugenia Vidal también se la analizó, en el seno del Ministerio de Seguridad que conducía Cristian Ritondo, aunque después quedó en suspenso. Hubo también otras provincias donde, en distintos contextos, se buscó avanzar con una medida de esta naturaleza. En Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos y Salta estuvo en estudio, aunque nunca se aplicó. Buenos Aires será la primera en tener presos en contenedores.
La situación de los detenidos en comisarías es una de las más críticas en el marco de la crisis penitenciaria que atraviesa la Provincia, donde la superpoblación carcelaria ya supera el 100 por ciento.
A poco de asumir, en diciembre del año pasado, el gobernador Axel Kicillof debió abrir de emergencia una mesa con familiares de detenidos, organismos de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario para desactivar una huelga de hambre que se extendía por cárceles de la Provincia, donde los presos reclamaban por las malas condiciones de alojamiento y el hacinamiento en las celdas y pabellones.
Según cifras oficiales, en territorio bonaerense hay 4.300 personas privadas de la libertad alojadas en calabozos policiales, que tienen una capacidad estimada para 1.700. Pero para los organismos de derechos humanos, esas cifras están “sobre estimadas” porque muchas de esas plazas computadas e realidad no cumplen con los estándares mínimos para el alojamiento de personas.
Hay, además, varios fallos judiciales que ordenan clausurar calabozos de comisarías bonaerenses para que no se puedan seguir alojando personas allí.
La situación tuvo episodios trágicos. En 2017, siete detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino murieron asfixiados luego de que se desatara un incendio en la zona de los calabozos, a donde no pudieron acceder los bomberos. En 2018, fueron ocho las víctimas en otro incendio en una comisaría de Esteban Echeverría donde había 26 detenidos en un espacio para diez personas.
anuncio y controversia
La medida fue anunciada por el ministro Berni días atrás en el marco de una visita al municipio de Laprida. En seguida, generó una fuerte polémica por la reacción de organismos de derechos humanos, que salieron a expresar su “extrema preocupación” por esta decisión. “No solamente planteé la idea, sino que ya la hice. Y el mes que viene ya los empiezo a trasladar”, dijo Berni ante la consulta de un medio local sobre el proyecto, que ya había sido adelantado a poco de asumir en la cartera bonaerense.
“Hay una superpoblación carcelaria y más allá de las condiciones infrahumanas también tenemos que pensar que la Policía tiene que estar custodiando la calle, las personas que trabajan y no permanentemente custodiando presos”, aseguró Berni. Además, adelantó que piensa “eliminar directamente la zona de calabozos de las comisarías, para que sea un lugar de creatividad, de planificación operativa, de contacto con la comunidad”.
Desde que Berni empezó a hablar de esta posibilidad, fueron varios los organismos que plantearon críticas. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que “este tipo de lugares no respeta los estándares internacionales que deben cumplir los lugares de detención y no tiene medidas de seguridad adecuadas”. Y agregaron que “la cuestión principal es que la instalación de containers es planteada como una solución no provisoria ante la crisis extrema del sistema de encierro”.
En tanto, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresó su “extrema preocupación” por la decisión. “La detención en lugares de alojamiento transitorio no exime al Estado del deber de garantizar condiciones mínimas de detención compatibles con la dignidad personal”, señaló el Comité en un comunicado difundido ayer, titulado “Ni presos en comisarías, ni contenedores para presos”.
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