El gobierno oficializó por decreto el nuevo régimen de segmentación de tarifas de luz y gas que regirá a partir de este mes. Tal como había trascendido, la norma identifica tres grupos de usuarios: hogares de ingresos bajos, medios y altos. Los dos primeros grupos, que incluyen al 90 por ciento de la población nacional, ya afrontaron entre febrero y junio aumentos que suman 20 y 40 por ciento, respectivamente, y no tendrán nuevos ajustes en lo que queda del año, mientras que el 10 por ciento más rico perderá todo tipo de subsidio y deberá hacerle frente a una suba gradual que, según estimaciones privadas, podría superar el 200 por ciento en el año. El problema es que el gobierno no terminó de identificar en estos dos años y medio de gestión cuál es ese 10 por ciento más rico. Por lo tanto, fuentes oficiales informaron hoy por la tarde que todos los usuarios del país que quieran mantener el subsidio que perciben actualmente deberán anotarse en un registro que se pondrá a disposición la semana próxima. Los que no lo hagan, perderán el beneficio.
Los 3 niveles
Nivel 1: son los de mayores ingresos que perderán todo el subsidio. Quedan incluidos los que tengan ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), es decir, 333.410 pesos; ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; ser titulares de tres o más inmuebles; ser titulares de uno o más aeronaves o embarcaciones de lujo, según la tipología aplicable por AFIP; ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
Nivel 2: abarca a la población de «menores ingresos», la cual tendrá un tope tarifario equivalente al 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Incluye a quienes declaren ingresos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo 2, según el Indec; personas que reciban alguna ayuda social del Estado y familias en las que al menos algún integrante del hogar cuente con un Certificado de Vivienda (ReNaBaP); aquellos que puedan acreditar un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM; hogares donde al menos un integrante posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; hogares donde al menos un integrante posea certificado de discapacidad y, considerando a los integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a 1,5 Canastas Básicas Totales para un hogar 2 según el Indec.
Nivel 3: abarca a la población de «ingresos medios», la cual tendrá un tope tarifario equivalente al 80 por ciento del CVS del año anterior. Los integrantes de este grupo deberán ser propietarios de dos o más inmuebles, considerando a los integrantes del hogar en conjunto o poseedores de un vehículo de hasta tres años de antigüedad, a excepción de los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Campaña de difusión
En el gobierno afirman que habrá una campaña de difusión a través de la cual se comunicará que todos los usuarios que deseen seguir percibiendo el subsidio deberán anotarse en el flamante Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. Ante la pregunta sobre qué pasará con quienes no se inscriban en ese listado, la respuesta inicial de un alto funcionario del área energética fue que “todos se van a anotar en el registro porque va a ser muy fácil hacerlo”.
-Va a haber cientos de miles de personas que no se van a anotar en ningún lado ni aunque hagan la mejor campaña de comunicación del mundo. ¿Quién no se anote va a perder el subsidio al menos hasta que haga un reclamo? –preguntó Página/12.
-Entiendo que deberán hacer el reclamo si sucede esa situación. –se limitó a responder la fuente oficial.
Este esquema hace prever que, al menos en un comienzo, no solo perderá el subsidio el 10 por ciento más rico de la población sino todos los que no se inscriban. Cuando eso suceda, los no inscriptos en el registro recibirán tarifas con fuertes aumentos y deberán iniciar el reclamo. Desde el momento, que lo hagan, se suspenderá la aplicación del aumento hasta que la autoridad regulatoria decida si ese usuario forma parte del grupo de hogares más pobres o del de ingresos medios y, por lo tanto, le corresponde seguir siendo subsidiado.
El mayor problema no lo tendrán los hogares de ingresos bajos ya que el decreto 332/22 de segmentación tarifaria establece en el artículo 7 que “los usuarios y las usuarias que, en virtud de ser beneficiarios o beneficiarias de programas sociales nacionales de transferencia monetaria como AUH, AUE, AUD, Progresar, Potenciar Trabajo y otros similares conforme lo establezca la reglamentación, podrán ser incluidos en el padrón de beneficiarios y beneficiarias por la Subsecretaría de Planeamiento Energético en el `Nivel 2 – Menores Ingresos`, sobre la base de la información con la que cuenta el Estado nacional en sus registros, cuando así corresponda”.
Los usuarios de clase media, en cambio, tendrá que sí o sí anotarse en el registro si no quieren perder el subsidio.
Quita gradual
La quita de subsidios se aplicará de modo gradual a lo largo del segundo semestre. El decreto 332 afirma en su artículo 4 que “el este proceso se realizara en forma gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura”.
Lo sorprendente es que en el gobierno no informan que aumento porcentual deberán afrontar los que pierdan el subsidio. Hasta el momento, solo hay estimaciones privadas que calculan una suba en torno al 200 por ciento.
Con info de: Página/12 y Ambito
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