Procesan al titular de Absolon por vertidos contaminantes en el Río Salado

En una resolución, el Juzgado Federal N° 1 de Azul dispuso el procesamiento del presidente del frigorífico Absolon S.A., en el marco de una causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales en el Río Salado.

El fallo considera acreditado —con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal— que existió una conducta sistemática de contaminación, con potencial riesgo tanto para el ambiente como para la salud pública. La decisión se inscribe en una línea de acción que comienza a consolidarse en la Justicia Federal de Azul en materia de delitos ambientales.

Se trata, además, del segundo procesamiento en el mismo sentido en esa jurisdicción, tras el antecedente reciente en la causa que involucró al frigorífico La Canaria, también radicado en Roque Pérez. Ambos casos reflejan un cambio de paradigma: la contaminación deja de ser abordada exclusivamente como una infracción administrativa para adquirir relevancia penal.

La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), luego de que se detectara el vuelco de líquidos de aspecto rojizo en inmediaciones del establecimiento. A lo largo del expediente, se incorporaron inspecciones, peritajes y análisis de laboratorio que evidenciaron la presencia de parámetros contaminantes por encima de los límites legales, incluyendo sustancias potencialmente peligrosas.

Según se desprende de la causa, los efluentes eran descargados en un canal aliviador con desembocadura en el Río Salado, comprometiendo directamente este recurso hídrico de importancia estratégica para la provincia de Buenos Aires.

El juez interviniente puso especial énfasis en la reiteración de las irregularidades, constatadas en múltiples oportunidades entre los años 2023 y 2025, incluso pese a clausuras, sanciones y órdenes de cese dispuestas por la Autoridad del Agua. En ese contexto, entendió que los hechos exceden el plano administrativo y encuadran —prima facie— en el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051.

La causa cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal, con participación de los fiscales federales Santiago Eyherabide, María José Buglione y Lucas Moyano, quienes impulsaron la investigación y sostuvieron la imputación en base a la prueba técnica recolectada.

En su resolución, el magistrado también destacó la relevancia del Río Salado como recurso clave para la región, señalando que su afectación implica riesgos para el ambiente, la producción y la salud de la población, lo que refuerza la necesidad de una respuesta penal eficaz.

Este nuevo procesamiento consolida una tendencia creciente en la Justicia Federal de Azul, orientada a avanzar sobre la responsabilidad penal de directivos empresariales por daños ambientales, y podría constituirse en un antecedente relevante en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en Argentina.