Tras prestar indagatoria en el dia de ayer, el Teniente Primero Jorge Godoy fue beneficiado con la excarcelacion, dentro de la IPP en la que se encuentra imputado en la causa Castello.
En indagatoria ante la UFI N8, se le concedio a pedido de su defensa la excarcelacion, pero permanece imputado y esperara en libertad el juicio, segun informaron fuentes policiales.
Por su parte el Capitan (R.A ) Ruben Clementino Morfil, continua privado de su libertad y no trascendio si podria obtener el mismo beneficio.
Godoy se encuentra imputado por Encubrimiento Agravado y Falsificacion Ideologica de Instrumento Publico.
El teniente primero por el momento continuara desafectado del servicio por 30 dias, hasta que sea determinado por asuntos internos y continue la causa penal.
El 20 de octubre de 2008, Carlos Castello fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza dentro de su casa, situada a 100 metros del destacamento policial Laguna de Lobos.
Al momento del crimen, Castello estaba enfrentado con las autoridades del Club de Pesca de Lobos y de la Municipalidad local a partir de una denuncia suya por la usurpación de una calle que permitía el libre acceso del público a la ribera de la laguna, que había motivado varias movilizaciones de vecinos de la zona.
El crimen de Carlos Castello ocurrió hace 11 años y durante dos años la causa fue caratulada como suicidio.
Un médico legista comprometió la actuación de dos de los tres comisarios forenses que comenzaron a ser juzgados por encubrimiento y falso testimonio en el caso del ecologista Carlos Castello, asesinado en Lobos en octubre de 2008, al asegurar que cometieron “al menos cuatro errores notorios” en la operación de autopsia.
Se trata de Ramiro González Oliva, quien aseguró ante el juez Diego Tatarsky, titular del juzgado Correccional 5 de La Plata, que “no se pueden confundir o ignorar las heridas que Castello tenía en el tórax y rostro” y que no habían sido asentadas en el informe de la autopsia, con los que complicó la situación procesal de los peritos comisarios Karina Marcela Sabules y Pablo Carlos Micelli, que fueron juzgados junto a Jorge Antonio Álvarez Ceballos en julio pasado.
Los tres fueron acusados de los delitos de encubrimiento y falso testimonio cometidos presumiblemente para garantizar impunidad a personal de esa fuerza de seguridad que podría estar involucrado en el asesinato en las proximidades de la Laguna de Lobos, hace 11 años, quedando imputados tambien los dos roqueperenses.
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